El pasado mes de marzo, el Gobierno español aprobó el Real Decreto 238/2026, una pieza clave en el desarrollo reglamentario de la Ley 18/2022, de Creación y Crecimiento de Empresas (Ley Crea y Crece). Esta normativa establece la obligación de implementar un sistema de facturación electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresarios y profesionales (operaciones B2B), con el objetivo primordial de intensificar la lucha contra la morosidad comercial en España.
La entrada en vigor de esta obligación marcará un hito significativo, no solo por la digitalización, sino por las nuevas cargas de información que impone a las empresas, especialmente en lo relativo al control de pagos.
El Nuevo Sistema y la Doble Vía de Facturación
El futuro sistema español de factura electrónica se articulará a través de dos canales principales:
- Plataformas Privadas de Intercambio: Infraestructuras tecnológicas que permiten el direccionamiento y la transmisión de facturas electrónicas. Estas plataformas deben garantizar la interoperabilidad, es decir, la capacidad de transformar los mensajes de facturas entre todos los formatos admitidos (como CII, UBL, EDIFACT y Facturae).
- Solución Pública de Facturación Electrónica: Una plataforma desarrollada y gestionada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que servirá tanto como una alternativa de facturación gratuita y accesible para pymes y profesionales, como de repositorio universal y obligatorio para todas las facturas electrónicas.
En el caso de que los empresarios opten por usar plataformas privadas, deberán remitir una copia electrónica fiel de cada factura a esta Solución Pública de la AEAT, con el fin de que la Administración pueda monitorizar los plazos de pago.
La Novedad Crítica: La Obligación de Informar sobre los Estados de la Factura
La medida de mayor impacto, destinada a erradicar la morosidad, es la obligación de los destinatarios de facturas de informar sobre su estado a la Solución Pública de Facturación Electrónica.
Los datos mínimos que los destinatarios (compradores) deberán comunicar son:
- Aceptación o rechazo comercial de la factura, indicando la fecha en que se produce.
- El pago efectivo completo de la factura y su fecha efectiva de pago.
Esta información de pagos es crucial para el recién creado Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, cuyo objetivo es hacer seguimiento de los periodos medios de pago y publicar el listado de empresas que incumplen los plazos legales. La fecha de pago efectiva será aquella en la que el proveedor cobra por los bienes o servicios (ej. fecha de adeudo en cuenta).
Calendario de Implementación
Aunque el Real Decreto ha sido aprobado, la entrada en vigor obligatoria del sistema está ligada a la aprobación de la Orden Ministerial que debe establecer las especificaciones técnicas de la Solución Pública de Facturación Electrónica. Se prevé que dicha Orden entre en vigor el 1 de octubre de 2026.
La aplicación será gradual, en función del volumen de operaciones anual de la empresa.
- Empresarios con facturación anual superior a 8 millones de euros: La obligación entra en vigor a los 12 meses de la aprobación de la Orden Ministerial (estimado para el 1 de octubre de 2027).3
- Resto de empresarios y profesionales: La obligación entra en vigor a los 24 meses de la aprobación de la Orden Ministerial.
Nota importante: Los profesionales con facturación inferior a 8 millones de euros dispondrán de una Disposición Transitoria que les concede un plazo más amplio (36 meses desde la aprobación de la Orden Ministerial) para cumplir con la obligación de informar sobre los estados de la factura (aceptación/rechazo y pago).
Las empresas deben iniciar cuanto antes la revisión de sus sistemas contables y de reporting para asegurar la correcta y oportuna comunicación de los estados de las facturas, lo cual será fundamental para evitar posibles sanciones y cumplir con el nuevo marco de lucha contra la morosidad.